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El 03 de marzo del 2012, 10 personas fueron acusadas de ejecutar presuntos actos terroristas “para desestabilizar al gobierno”; y, sin orden de detención alguna-como lo señala Amnistía Internacional en una carta enviada al fiscal de Ecuador, Galo Chiriboga- y tras un operativo montado por Ministerio del Interior denominado “Sol Rojo”, la Policía Nacional los apresó en los condominios Casales de San Pedro, en el barrio de Luluncoto.
Semanas después, la Policía, el GIR y el GOE, realizaron en horas de la madrugada allanamientos simultáneos a las casas de los detenidos en busca de evidencias que apoyasen la acusación formulada. Literalmente, todo lo que encontraron fue utilizado como prueba: desde discos de Víctor Jara y de Inti-Illimani, hasta libros de química y del Che Guevara. "De acuerdo a información facilitada por la fiscalía durante la audiencia preparatoria a juicio, se involucra a los diez detenidos con el GCP, a raíz de una investigación policial en la que se vincula al Sr. Cristhiam Royce Gómez Romero con el GCP por tener éste un enlace a la página web de este grupo en su página de Facebook", reza el documento de Aministía Internacional.
La detención ha generado no solo el reclamo de los familiares de los detenidos, sino de varios organismos veedores del cumplimiento de los derechos humanos, quienes han levantado su voz para exigir atención a los administradores de justicia y de gobierno ante este caso.
Hacemos eco de una de ellas en particular, toda vez que compartimos la misma preocupación: “El extendido e insistente uso de la figura de terrorismo en contra de activistas y dirigentes sociales es abiertamente anacrónico y expresa nuevamente la incapacidad del Estado para gobernar los efectos de sus políticas en la población”.
El recurrente uso de la figura de terrorismo, pisotea el art. 76, numeral 2, de la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008 por la mayoría de ecuatorianos, dicho articulado nos habla de la presunción de inocencia, derecho de toda persona.
En consecuencia, exigimos la liberación de Ana Cristina Campaña y Abigaíl Heras, aún detenidas sin un proceso transparente y sin evidencia contundente.
Le recordamos a los administradores de justicia que esta no es la primera vez que se da un operativo al que los investigadores bautizan como “Sol Rojo”. En noviembre de 1993, durante la administración de Sixto Durán Ballén, se llevó a cabo una operación bajo el mismo nombre y la misma lógica, tan violentadora del debido proceso como esta.
Creemos que mientras se sigan repitiendo este tipo de casos, los enunciados constitucionales quedarán reducidos a simple retórica jurídica. Y con el agravante, no menor, de que ocurren en el contexto de una reforma al sistema justicia.
*Texto sacado del portal de la campaña Luluncoto Nunca Más
