La acción de los agentes de la Policía Metropolitana y los Derechos Humanos en el cantón Guayaquil.

El presente informe recoge una serie de relatos breves de casos relevantes ocurridos en la provincia del Guayas en el período 2001-2003, denunciados y bajo seguimiento de la CDH (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos)

Casos

Detención y ejecución de Joffre Antonio Aroca Palma.

La madrugada del 27 de febrero del año 2001, a las 03h30, en las calles Pedro Pablo Gómez y la 17ava de la ciudad de Guayaquil, el joven Joffre Antonio Aroca Palma de 21 años de edad, se encontraba junto con unos amigos esperando el transporte de un tour que los dirija a un balneario, llegó al lugar la camioneta # 115 del Plan Municipal “Más Seguridad” procediendo los Policías Nacionales y Metropolitanos a solicitarles los documentos de identidad e indicar que se retiren del lugar. Joffre Aroca manifestó que no estaban haciendo nada malo y se negó a presentar sus documentos de identidad, siendo agredido y embarcado en la patrulla.

El joven fue conducido por los agentes a la explanada del Estado Monumental del “Barcelona Sporting Club”, lugar despoblado, (...) donde lo habría ejecutado por la espalda y abandonado el cadáver en su lugar.

(…)

Una semana después que se encubriera el cadáver, y que el caso fuera recogido por la prensa, uno de los agentes de la Policía Metropolitana que se encontraba presentes en el momento de los hechos fue identificado por los moradores del sector y confesó el incidente a su superior y los dos miembros de la Policía Nacional implicados en los hechos fueron detenidos

(…) los cuales fueron puestos en libertad y reintegrados a las filas de la Policía Metropolitana.

Hasta el momento tampoco los dos Policías Nacionales se encuentran en prisión.

El caso se encuentra en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Desmanes y represión en reorganización de mercado Pedro Pablo Gómez.

El 12 de marzo del 2001 se dieron enfrentamientos en el centro de la ciudad de Guayaquil cuando una marcha de comerciantes del mercado PPG organizados en el Frente Unido de Comerciantes se dirigía al Municipio de Guayaquil a intentar dialogar con el alcalde para pedir la revocatoria de la orden de desalojo del mercado. La marcha pacífica derivó en enfrentamientos cuando la Policía Nacional y Metropolitana intervino con bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Tres vehículos municipales sufrieron roturas de vidrios. El alcalde Jaime Nebot, indicó a los medios de comunicación que los comerciantes tenían plazo hasta el 31 de marzo para desalojar voluntariamente el mercado.

Aproximadamente a las 23h30 del miércoles 28 de marzo y durante la madrugada del 29 de marzo del 2001, se realizó un operativo sorpresa con aproximadamente 500 agentes de Policía Nacional, Policía Metropolitana y de la Comisión de Tránsito del Guayas, mediante el cual el Municipio de Guayaquil procedió a desalojar aproximadamente a 1100 comerciantes del mercado Machala o Pedro Pablo Gómez, cercando con planchas metálicas todo el lugar. El mercado, que abarca una cuadra, fue completamente demolido en menos de 24 horas. Durante las acciones fueron detenidos 17 comerciantes.

(…)

Posteriormente en enero del 2002, entre los días 10, 14 y 23, delegados municipales procedieron a clausurar aproximadamente 200 locales ubicados en el perímetro de la calle Pedro Pablo Gómez. Los comerciantes realizaron manifestaciones y se enfrentaron durante ocho horas a policías y metropolitanos. (…) Los sellos de clausura no indicaban de manera concreta las razones para dicha sanción solo manifestaba de manera general “violación de ordenanzas municipales”. (…)

El 4 de abril del 2002, el Municipio de Guayaquil denunció penalmente a Ricardo Villalobos, Manuel Sistema, Segundo Auquilla, Juan Boni, Héctor Paguay, Mario Latorre, Braulio Fierro, Wilfredo Lema, entre otros, todos ellos dirigentes del Frente Unido de Comerciantes de la calle Pedro Pablo Gómez acusándolos de haber causado desmanes y destrozos en el mercado de la Terminal de Transferencia de Víveres. Los incidentes que se dieron en el mercado de la TTV, la madrugada del 4 de abril del 2002 se habrían originado según versiones de prensa, debido a la extorsión que serían víctimas los comerciantes por parte de personal y policías municipales. Ese mismo día la fiscalía, en la instrucción 14-2002, solicitó la orden de detención para todos los nombrados.


Expropiación en sector de La Maternidad.

El M.I Municipio de Guayaquil, el 4 de abril del 2002, declaró de utilidad pública con fines de expropiación los inmuebles ubicados entre las calles Franco Dávila, Huancavilca, Seis de Marzo y Pío Montúfar, en el centro-sur de Guayaquil.

La madrugada del 22 y 23 de Agosto del 2002, se desarrolló un operativo combinado entre agentes de Policía Nacional, Policía Metropolitana y civiles (presuntamente funcionarios del Municipio), quienes cercaron con mallas de metal el perímetro del sector a expropiar, circunstancias en que se produjeron varias violaciones a los Derechos Humanos de los moradores por parte de los agentes del orden y civiles armados. (…) El operativo se desarrolló de manera sorpresiva en horas de la madrugada, durante el operativo se hizo uso de excesiva fuerza de parte de los Policías Metropolitanos y agentes de civil vestidos de guayabera contra los moradores, entre ellos mujeres y ancianos. Se realizaron detenciones arbitrarias durante el operativo como en los días siguientes, violaciones a domicilios, agresiones físicas, amenazas e intimidaciones.

El 7 de enero del 2003, a los moradores de este sector se les cortó los servicios básicos: agua potable, energía eléctrica y teléfono. Sus viviendas comenzaron a ser demolidas por maquinaria municipal, aún cuando se encontraban habitadas y en pleno curso las acciones de Amparo Constitucional presentado por los afectados.


Detención a periodista

El 11 de diciembre de 2002, el reportero Jorge Alvarado y el fotógrafo Alfredo Piedrahita, del equipo periodístico del Diario Expreso, cuando se encontraban en la Av. 9 de Octubre cubriendo un operativo de Policías Metropolitanos para control de canillitas que exhibían permisos para venta de periódicos, fueron agredidos brutalmente por los agentes, siendo detenido Alfredo Piedrahita y embarcado en el camión municipal N° 01 y a Jorge Alvarado le arrebataron la cámara fotográfica.


Detenciones arbitrarias, maltratos a menores, maltrato a defensora de los DDHH de los niños.

El miércoles 19 de marzo del 2003, los cinco hermanos Caicedo Quintero, menores de edad entre 9 y 16 años, beneficiarios del Programa Muchacho Trabajador, PMT, fueron detenidos por elementos de la Policía Metropolitana cuando vendían agua y caramelos, siendo trasladados hasta el Cuarte de la Policía Metropolitana e ingresados en una celda con adultos. Además fue detenido arbitrariamente el padre de los menores, señor Andrés Caicedo, al intentar averiguar sobre el paradero de sus hijos en el cuartel municipal.

El 21 de marzo, la Pedagoga Macia Vernaza M., educadora del PMT, sufrió maltrato verbal de parte del Ab. Andrés Roche, Director del Departamento de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, al solicitarle la inmediata libertad a que tenían derecho los menores en mención, amenazándola con detenerla y siendo desalojada por la fuerza.

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Persecución, detenciones arbitrarias, maltratos a vendedores de gaseosa.

Desde el mes de mayo del 2003, la policía metropolitana empezó a detener a vendedores ambulantes de gaseosas y a clausurar depósitos y despensas, que distribuían ciertas marcas de gaseosas.

El viernes 16 de mayo del 2003 la Municipalidad de Guayaquil, mediante publicación en diversos medios de comunicación, suscrita por cuatro directores departamentales y bajo el título “PREVENCIONES E INFORMACIÓN MUNICIPAL A LOS QUE VENDEN Y HACEN VENDER COLAS EN LAS CALLES DE GUAYAQUIL” prohíbe la venta de 4 marcas de gaseosas producidas en Perú, aduciendo una distribución anormal del producto y motivos de orden y limpieza urbana, e indicando sanciones de $40 de multa y 7 días de prisión.

El miércoles 4 de junio del 2003, ciudadanos organizados en la Asociación de Vendedores Ambulantes de Gaseosas acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso Nacional, sede Guayaquil, a una cita, que supuestamente había gestionado dicho organismo con el Ing. Gustavo Zúñiga Director de Aseo Urbano del Municipio de Guayaquil, con el fin de tratar sobre la problemática derivada de la prohibición para vender, en el sector de Regeneración Urbana, ciertas marcas de gaseosas que no tenían autorización municipal. En esas circunstancias y encontrándose en los bajos del Banco Central, en las calles Pichincha y 9 de Octubre, el centro de la ciudad, aproximadamente sesenta miembros de la asociación fueron rodeados por policías metropolitanos e inspectores municipales, vestidos con guayaberas, quienes habrían insultado y detenido a catorce asociados. Según versión de los afectados, los metropolitanos rociaron gas lacrimógeno en el rostro y golpearon a varios de los comerciantes, entre hombres y mujeres.

El CDH dirigió una comunicación al Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, solicitando investigar la agresión, sin tener resultados hasta la fecha.

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Discriminación a discapacitados.

El 5 de junio del 2003, treinta y ocho no videntes que durante años han laborado alquilando teléfonos en la Av. 9 de Octubre y en las calles aledañas, denunciaron que por disposición municipal fueron desalojados de la zona de regeneración urbana por parte de agentes de la Policía Metropolitana.

Según la denuncia la disposición señala que ningún discapacitado trabaje en dicho sector prestando servicio telefónico puesto que se procederían a instalar cabinas telefónicas. Los denunciantes exigen ser tomados en cuenta para el uso de estas cabinas ajustándose a los requerimientos municipales.

Agresión a periodistas.

El 18 de junio del 2003, durante un operativo para el desalojo de comerciantes en el sector de la Cooperativa Pancho Jácome, que movilizó a un centenar de Policías Metropolitanos y agentes de civil sin identificación, el fotógrafo del Diario El Universo, Martín Herrera, fue agredido fuertemente y despojado de su equipo fotográfico por parte de un grupo de Policías Metropolitanos. El equipo fue recuperado inservible horas después.

Durante el operativo fue agredido igualmente Xavier Ruiz, camarógrafo de ECUAVISA a quien un Policía Municipal le roció gas lacrimógeno en el rostro provocándole síntomas de asfixia, e intentaron quitar el equipo fotográfico de Alex Lima, fotógrafo de Diario Expreso. También comerciantes del sector fueron brutalmente agredidos. Todos estos hechos fueron grabados y difundidos por los canales de televisión.
Por estos hechos el Alcalde de Guayaquil sancionó al Policía Metropolitano Andy Figueroa despidiéndolo de su puesto y sancionó administrativamente a Moisés Sandoval.

El diario El Universo el 2 de agosto del 2003, denunció una serie de hechos contra la libertad de información y obstrucciones a la labor periodística por parte de Policías Metropolitanos que aducían falta de autorización, cuando hacían coberturas en lugares públicos renegreados por el Municipio.

Represión a marcha de jubilados.

El 18 de julio del 2003, en conmemoración al Día del Jubilado, agentes de la Policía Metropolitana trataron de impedir un desfile de los jubilados que partía de la Av. Olmedo hasta el local de la Casa de la Cultura donde se iba a efectuar una sesión solemne. Los jubilados contaban con el respectivo permiso otorgado por la intendencia de Policía. (…)

Igualmente el 21 de agosto del 2003, agentes metropolitanos y policiales impidieron el desarrollo de una marcha de 16 asociaciones de jubilados que estaban en contra del proyecto de seguro municipal.


Agresión a comerciante.

El 10 de octubre de 2003, Rosario Llumitaxi, vendedora informal de espumas de 40 años de edad, fue perseguida por Policías Metropolitanos mientras cruzaba la calle García Avilés y Vélez, lanzada al piso y golpeada, al intentar llevarla detenida la gente del lugar protestó y lo impidió.

Intimidación, detenciones arbitrarias, maltratos a dirigentes sociales.

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El 14 de octubre de 2003, organizaciones de jubilados, profesores y campesinos opuestas al proyecto de crear un Seguro Social Municipal, desarrollaron una marcha pacífica que fue fuertemente reprimida por Policías Nacionales, Policías Metropolitanos y sujetos de civil (…) La televisión transmitió las imágenes de Antonio Parea, dirigente del Seguro Social Campesino, cuando era pateado en el piso por una persona de civil.

El Gobernador de la Provincia confirmó que fue personal del Municipio quien maltrató a los dirigentes, según apareció en versiones de prensa.

Comentarios generales.

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El desarrollo de la ciudad no debe estar solamente representado en obras ornamentales, sino principalmente en el disfrute de derechos y libertades fundamentales, cuyo respeto y garantía también corresponde al Municipio.

(…)

Proponemos a la Alcaldía liderar un proceso de planificación sobre la seguridad ciudadana que involucre la participación amplia de todos los sectores sociales, para lo cual los organismos de Derechos Humanos tenemos propuestas específicas.

El espíritu del presente informe y la filosofía de trabajo del CDH es aportar a mejorar la convivencia ciudadana construida a base del respeto incondicional a los Derechos Humanos de todos y todas.

Guayaquil, noviembre 2003

Este fue un informe facilitado por los compas del CDH, sin embargo solo llega hasta el 2003. A partir de esta fecha hasta el día de hoy han habido gran cantidad de casos más. Entre los que me acuerdo están:

5 de enero del 2004.- Un operativo de desalojo en el mercado de la PPG, termina en enfrentamientos y deja un herido, Humberto Berrezueta.

13 de mayo del 2004.- Policías Metropolitanos agreden a el menor Carlos Torres Giler de 12 años, unos días después un periodista de Radio Morena anunció equivocadamente que el menor había muerto. Esta noticia desató la furia de los comerciantes informales quienes se volcaron a las calles Pedro Carbo y 10 de Agosto donde hubo enfrentamientos con la Policía Metropolitana. Terminó en 19 comerciantes presos, y muchos heridos.
12 de agosto del 2004.- Personal del Municipio clausuró más de cinco bodegas del sector de las calles Ayacucho y Antepara, las que fueron reselladas por orden de las direcciones de Aseo Urbano y de Justicia y Vigilancia de la Municipalidad de Guayaquil.

10 de enero del 2005.- Un operativo para desalojar la PPG, terminó en enfrentamientos entre Policía Metropolitana, Policía Nacional, contra unos 300 comerciantes que se negaban a dejar sus puestos de trabajo. Como resultado quedaron varios heridos y 5 comerciantes presos. Este día un comerciante recibió 7 balazos de goma en el cuerpo por lo que fue hospitalizado, y otro perdió la pierna debido a los golpes sufridos. El Ing. Zúñiga declaró que las balas debieron haber sido de "los comerciantes mismo".

2006.- No recuerdo la fecha. Pero el caso es que un comerciante fue detenido arbitrariamente por guardias privados de la regeneración urbana. Al negarse este a entregar la mercadería, los guardias procedieron a subirlo a una camioneta y se lo golpearon y quemaron con colillas de cigarrillos. Cuando fue puesto en libertad, el comerciante hizo un campamente afuera de la Corte Suprema pidiendo justicia. Puso una carpa y unos carteles con las fotos de las quemaduras que había sufrido. Una de esas noches, llegaron más elementos de la misma empresa y lo sacaron de la carpa y fueron agredidos, él y su mujer que lo acompañaba esa noche. Aparte destruyeron y se llevaron los carteles y las demás evidencias y volante que repartía.

Agosto y Septiembre del 2006.- En rechazo al servicio de transporte de la Metrovía, se desarrollaron varias manifestaciones en La Pradera y en la Floresta, las cuales fueron reprimidas por Policías Metropolitanos. Penas de entre 8 y 12 años de prisión enfrentan los tres ciudadanos detenidos el 14 de agosto pasado por bloquear, en una protesta, el paso de la Metrovía en la ciudadela La Floresta, al sur de la ciudad. La fundación Metrovía y el Municipio de Guayaquil formalizaron la acusación particular contra Johnson García Matute, Olmedo Malagón Valero y Jorge Gilbert Camacho.

"Quienes sean detenidos por paralizar la Metrovía deberán comprarse un libro muy grande porque pasarán mucho tiempo en la cárcel." Federico von Buchwald, presidente de Fundación Metrovía

Estos días los reporteros y camarógrafos de Canal1 también fueron agredidos por grabar las violaciones por parte de la fuerza pública.

"Hubo muchos abusos por parte de la Policía que desalojó a los manifestantes... fui testigo de la agresión a una mujer por parte de un uniformado."Christian Vera, asistente de cámara de Canal Uno

2008.- Lo que ya sabemos respecto a lo sucedido el 20 de mayo y el 10 de junio del presente año, cuando comerciantes informales que se manifestaban fueron reprimidos por Policía Metropolitana así como por personal del municipio vestidos de civil.

El 10 de junio, luego de la marcha y de los enfrentamientos, en la zona del Mercado Central, fue detenido el señor Salazar Haro de 40 años y con síndrome de down en un 60%. Fue apresado por ayudar a una señora que estaba siendo violentada por policías metropolitanos. Lo llevaron al cuartel municipal, donde su padre alcanzó a verlo. Al día siguiente, cuando su padre fue a hacer los trámites pertinentes para conseguir su libertad, la Policía Metropolitana niega su detención y acusa de demencia al padre de Salazar. El Alcalde de la ciudad, al no enterarse de este percanse, así como de la situación de Salazar Haro, muestra su carnet en sus declaraciones acusándolo de dirigente informal e incitador de la violencia. Esto probaba el hecho de que sí había sido detenido, sin embargo en el cuartel municipal seguían negando su detención. Esa misma noche, apareció abandonado y con señales de maltrato en la vía Perimetral a la altura de la Penitenciaría.

Esto, más todo lo que no está escrito en ningún informe, sino que es lo que vivimos día a día en las calles de la ciudad, es el saldo de la administración local, en cuanto a Derechos Humanos se trata. Nada más que decir, cada cual piense lo que quiera.